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Diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron la Iniciativa de urgente resolución presentada por la diputada del PAN, Georgina Bujanda Ríos, mediante la cual se exhortó a los tres órdenes de gobierno, para que por conducto de las instancias competentes, en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan los mecanismos que garanticen el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a la justicia a las mujeres indígenas.
“En México habitan 68 pueblos indígenas, representando el 15.1% de la población total, es decir aún tenemos una gran riqueza de estos pueblos en el territorio. Sin embargo, las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de desigualdad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 69.5% de la población indígena, experimenta una situación de pobreza. Además el 43% no concluyeron la educación primaria, mientras que el 55.2% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación”, detalló la iniciadora.
Agregó que ser mujer indígena en nuestro país significa tener el doble de retos, y padecer el triple de discriminación: la primera por su género, la segunda por su condición de indígenas y la tercera por la pobreza que enfrentan. Ellas presentan los índices más altos de analfabetismo, de deserción escolar, falta de oportunidades de empleo, violencia intrafamiliar, problemas de salud y riesgo durante el embarazo, altos niveles de fecundidad y mortalidad, entre otros factores.
Como autoridades debemos corresponder al compromiso y valentía de las mujeres indígenas mediante la creación y fortalecimiento de instituciones y mecanismos que aseguren que las mujeres de las diversas comunidades de nuestro país, vivan una vida libre de violencia y que puedan ejercer plenamente sus derechos; continuó.
Agregó que, a pesar de los diversos tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos de las mujeres indígenas, aún falta mucho por hacer, hagamos realidad que las herramientas jurídicas creadas, garanticen los derechos de mujeres y niñas de comunidades indígenas.
Por último, la Legisladora refutó el hecho de que en la actualidad aun exista discriminación y violencia en contra de las mujeres indígenas, “por ello se deben redoblar esfuerzos y buscar que los mecanismos e instancias ya existentes que trabajan por y para las mujeres indígenas se fortalezcan”.
