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Integrantes del Congreso de Chihuahua aprobaron la iniciativa presentada por el diputado del PAN, Miguel La Torre Sáenz, por medio de la cual se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se abstengan de asignar una partida presupuestal, en el paquete económico 2021, para la consulta ciudadana que se pretende realizar a fin de determinar si se somete a procedimientos penales y administrativos que resultaren, a diversas personas servidoras públicas.
En un Estado de Derecho, como el nuestro, existe la legislación, las instancias de investigación así como los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes para la persecución de toda clase de delitos y faltas, por lo que, es por Ministerio de Ley, que estas conductas se investiguen, y, en su caso, se sancionen, todo bajo la óptica del debido proceso que debe colmarse en un sistema penal acusatorio, independientemente de la opinión ciudadana, señaló el Legislador en tribuna.
“Si existieran elementos para presumir que una persona, independientemente de si se desempeñó en el servicio público, actualmente forma parte de él o nunca lo ha estado, debe ser investigada y, tras seguir un procedimiento de cualquier índole, se le debe impone la sanción correspondiente por la comisión de la falta administrativa o delito que se trate”, enfatizó La Torre Sáenz.
La pretensión de someter a la opinión pública sobre el tema en mención, de acuerdo con Uuc-Kib Espadas, Consejero del Instituto Nacional Electoral, la consulta representaría un esfuerzo significativo para dicho organismo, en términos técnicos, presupuestales y humanos; podría realizarse el 1 de agosto de 2021, con un costo superior a los 8 mil millones de pesos.
Dijo que dicho monto podría ser utilizado en el sector salud, máxime en la situación actual en la que se encuentra el País y el mundo entero; por la pandemia del COVID-19.
Para finalizar, agregó que este llamado se hace de manera urgente, dado a que están próximos los trabajos de análisis y revisión del paquete económico 2021, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y se con esta petición se pretende que no se contemple dentro del mismo, una partida presupuestal para la consulta ciudadana referida, por tratarse de un asunto que no requiere ser sometido, por medio de este mecanismo, a la decisión popular, si no que de ser el caso, se inicien las investigaciones pertinentes en contra de quienes se presuma han violentado la ley, sin distingo alguno, siempre respetando el debido proceso y sus derechos humanos.
