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Primera vez en México que se adopta una alerta preventiva para defensores y defensoras de derechos humanos
Chihuahua, Chih. a 15 de agosto de 2016.- El pasado jueves 11 de agosto, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas notificó al gobierno de Chihuahua la adopción de una alerta temprana para prevenir agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua. Esta decisión tiene sustento en una solicitud realizada por 24 organizaciones y redes de derechos humanos de Chihuahua, presentada el 7 de marzo pasado. (https://cedehm.blogspot.mx/2016/03/solicitud-de-alerta-preventiva-para.html)
La solicitud fue presentada por la desprotección y el riesgo que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado. Chihuahua es la entidad con mayor número de defensores y defensoras asesinadas (al menos 19), el segundo en periodistas asesinados y es el estado que cuenta con el 30% del total de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de defensores y defensoras en riesgo. A tales ataques se suman las desapariciones, tortura, amenazas, detenciones arbitrarias, daños y allanamientos a oficinas, campañas de desprestigio, criminalización de periodistas y defensores/as así como la autocensura de medios de comunicación a partir de la publicidad oficial que inhibe la libre expresión en Chihuahua. Todas ellas se perpetran en un estado en el que la impunidad permite tales agresiones.
La resolución de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección es inédita al ser la primera emitida en México en la que se adopta una alerta preventiva tanto para defensores y defensoras de derechos humanos como para personas periodistas. Hasta el momento, la Junta de Gobierno sólo ha emitido una alerta preventiva para prevenir mayores agresiones a periodistas en Veracruz. Asimismo, es un reconocimiento expreso del riesgo que implica la labor de defensa de los derechos humanos y el periodismo en Chihuahua, tema negado por el gobierno del estado actual.
Asimismo, la resolución de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección se emite en un momento coyuntural en México en el que los ataques a personas defensoras de derechos humanos se dan con mayor frecuencia, y en donde resulta apremiante e impostergable que el Estado mexicano en su conjunto adopte una política eficaz de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, como lo han señalado diversas instancias de protección internacional.
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas señala que “La Federación y las Entidades Federativas en el ámbito de sus respectivas competencias deberán desarrollar e implementar Medidas de Prevención” (art. 41) y “Las Medidas de Prevención estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales Agresiones a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.” (art. 43). La solicitud presentada en marzo pasado fue basada en lo anterior, al igual que en las obligaciones previstas por el artículo 1º constitucional. Asimismo, la Ley y el reglamento correspondiente prevén que, luego de la adopción de la alerta temprana, se implementará un plan de contingencia que responda a la tipología de ataques, personas beneficiarias y regiones.
En consecuencia, resulta fundamental que las autoridades locales y federales adopten un plan de contingencia que sea pertinente y aplicable a las diferentes circunstancias y retos que actualmente se viven en el estado, que tengan un enfoque diferenciado que tomen en cuenta las particularidades de las personas beneficiarias, y que sean efectivas no sólo para prevenir futuros ataques a los dos sectores protegidos como para eliminar la impunidad de ataques previos.
Por lo anterior, solicitamos:
Primero: Que el saliente gobernador César Duarte y el equipo de transición del gobernador electo Javier Corral colaboren en la realización del plan de contingencia que deberá adoptar la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en colaboración con el Consejo Consultivo del mismo y la sociedad civil.
Segundo: Que en todo este proceso se garantice la efectiva consulta y participación de la sociedad civil, particularmente de quienes solicitaron la alerta.
