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Integrantes de la Comisión Especial para el Fortalecimiento de Pensiones Civiles del Estado, se reunieron con el Auditor Superior de Chihuahua, Héctor Acosta Félix, con el objetivo de contribuir a plantear una solución inmediata a la problemática financiera que presenta dicha institución.
Esta mesa de trabajo se realizó mediante acceso remoto y/o virtual y en la que estuvieron presentes las y los legisladores: Rosa Isela Gaytán Díaz, Miguel Colunga Martínez, Fernando Álvarez Monje y René Frías Bencomo, así como asesores de la comisión y equipo técnico.
En primera instancia, se presentó y analizó la iniciativa del diputado Omar Bazán Flores del PRI, con el número 2473 y que fue turnada a la comisión, la Ley de Estabilización Financiera de Pensiones Civiles del Estado, misma que plantea un esquema para el pago puntual de las instituciones afiliadas a pensiones y que con ello, se solucione la situación financiera actual.
En este sentido, el diputado Fernando Álvarez, propuso una mesa de trabajo para que se analice y que se avance en un dictamen correspondiente, la cual fue apoyada por los integrantes presentes en la comisión legislativa.
Por otro lado, el diputado René Frías Bencomo, presidente de la comisión, dio la bienvenida al Auditor Superior y mencionó que esta reunión de trabajo es para conocer de mejor manera sobre la situación financiera de pensiones y con ello, tomar una decisión para ayudar al organismo médico.
Acosta Félix dijo que en el mes de febrero, se iniciará una auditoría especial a Pensiones Civiles del Estado para que se presente a la Comisión Especial y que se pueda llegar a una conciliación de cifras para concluir con las deudas de los entes afiliados a este.
“Tenemos que saber cuáles son las cifras reales que adeudan cada uno de los entes, es decir, con los pasivos y todo lo que deriva de ellos; vemos que hay un problema de la interpretación de la norma con el diferencial médico y existen algunas instituciones que están en desacuerdo de ello en los pagos de sus cuotas”, mencionó el Auditor.
Además de esto, expresó que se avizoran diversos panoramas, entre ellos: los morosos, los que tratan de pagar la morosidad, los que arrastran la morosidad y tratan de abonar, lo que afirmó que son diferentes casos que se tienen que analizar.
“Al tratarse de cuotas que son aportadas por los trabajadores, se trata de recursos privados y no públicos por lo que se limita rastrear dónde terminan este dinero pero nos ayuda que los trabajadores pidan una auditoría. El foco del problema, es que del total de los entes deudores, el 79 por ciento de este, está concentrado en Secretaría de Hacienda y la Universidad Autónoma de Chihuahua, por lo que tenemos que empezar con estos dos”, acotó.
También señaló como deudores consiguientes, al Tribunal Superior del Estado, al Congreso del Estado, la Junta Central de Agua y Saneamiento y al Instituto Chihuahuense de la Salud, los cuales suman el 95 por ciento en sumatoria con la Secretaría de Hacienda y la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Por último, las y los diputados solicitaron que la Auditoría Superior del Estado dispusiera de una persona fija que contribuyera con la mesa de trabajo en el aspecto técnico de los pagos y adeudos que se presentan, así como un plan de trabajo por escrito para la aplicación de la auditoría a Pensiones Civiles de Estado.
