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El exgobernador César Duarte, la diputada local Karina Velázquez, ex presidenta del PRI estatal, así como otros seis ex funcionarios estatales o del partido, fueron citados por un juez federal para una audiencia de imputación por el delito de peculado electoral, pues son acusados por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la PGR de desviar 80 millones de pesos.
El citatorio es para el día 23 de julio a las 15:00 horas ante el juez de distrito Eduardo Javier Sáenz Torres, por la causa penal 457/2017, iniciada por una denuncia de la Secretaría de la Función Pública Estatal, que se presentó a finales del año pasado, unos meses después del comienzo de la actual administración del gobernador Javier Corral.
El citatorio a comparecer ante el juez de control establece la previsión para el jefe de la Policía Federal en Chihuahua, comisario Teófilo Gutiérrez, para que destine al personal suficiente por si se debe dictar la medida de prisión preventiva, una vez que se aporte los elementos que tiene en su poder para sustentar la acusación y los imputados aporten elementos en su defensa, así mismo se pide la presencia de la Defensoría Pública Federal en el caso de que los acusados no tengan un defensor particular.
El documento girado el 26 de mayo pasado señala que con base en el oficio FEPADE/UIL/B-VI-061/2017, se fija la hora y fecha de la audiencia de formulación de imputación que encabezará el juez federal Sáenz Torres, en funciones de juez de control (en la nueva modalidad del sistema penal nacional).
Los ex funcionarios llamados por el juez federal son, aparte de Duarte y la diputada Velázquez, el ex secretario de Hacienda Jaime Herrera Corral, el ex jefe de control de pagos Miguel Ángel Mezquitic Aguirre, el ex coordinador administrativo Adrian Dozal Dozal, el ex director de egresos Jesús Olivas Arzate, el ex director general de administración Gerardo Villegas Madriles y el ex secretario de finanzas del PRI estatal, Pedro Mauli Romero Chávez.
César Duarte enfrenta un proceso penal por peculado pero se encuentra prófugo de la justicia, es buscado por la Interpol, mientras que la ex presidenta del PRI actualmente es diputada local y goza de fuero constitucional, por lo que no puede ser aprehendida, pero puede acudir voluntariamente ante el requerimiento.
Los ex funcionarios estatales restantes no han sido requeridos por juzgadores locales ni han tenido acusación alguna por parte de la Fiscalía General del Estado, presumiblemente aún se encuentran en Chihuahua sin problemas legales hasta el momento.
El ex secretario de Finanzas del PRI tiene semanas que desapareció y no acude a la sede estatal del partido, aunque públicamente el actual dirigente Guillermo Dowell Delgado ha señalado que se mantiene formalmente en el cargo.
LA ACUSACIÓN
Según la denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez y colaboradores cometieron el delito de peculado electoral, al desviar un monto superior a 79 millones de pesos de la nómina de los empleados estatales a la tesorería del Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde el 2010 hasta el 2016.
El 5 de diciembre del 2016, la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos Loya, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, para que se investigara la posible comisión del delito electoral.
La denuncia que presentó documentaba retenciones de 5 a 10 por ciento del salario de 700 empleados de mandos medios, recurso que se conjuntaba todo en un sólo cheque, el cual se cobraba y en efectivo se entregaba a Pedro Mauli Romero Chávez, secretario de administración y finanzas del PRI en Chihuahua.
Durante el periodo de 2015 a 2016, la actual administración documentó al menos 14 millones de pesos que fueron aportados al PRI directamente desde la nómina estatal.
Con la información que proporcionó la SFP en la denuncia presentada, la Fepade inició la conformación de un expediente, en el que se investigó lo relacionado con la retención de un porcentaje salarial de unos 700 empleados en la administración anterior.
Aunque desde el inicio de la administración de César Duarte se realizaron las retenciones de montos salariales de los trabajadores, que fueron a dar a las arcas del PRI, la investigación de la Fepade detalla que del 2014 al 2016 se utilizó el recurso con fines de promoción electoral para distintas candidaturas.
fuente heraldodechihuahua.com.mx
