-Indigna a María Teresa Guerrero descuido de albergue y uso discrecional que se dio a cuentas bancarias y a manejo de plazas
–Ni archivos dejaron en las computadoras
La presidenta de la Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, María Teresa Guerrero, informó que al llegar al cargo, encontró diversas irregularidades en la administración, de lo que anteriormente se denominaba Coordinadora Estatal para la Tarahumara.
Lamentó que el albergue para los indígenas que vienen a la capital del estado a realizar distintas gestiones, se encuentra en pésimas condiciones, con problemas en las instalaciones hidráulica y eléctrica, desabasto de alimentos y una plaga de chinches en los colchones.
Expresó que además, se presentaban conflictos entre el personal, por falta de funciones definidas, que redundaba en una mala atención a los usuarios del albergue, quienes en las primeras dos semanas de la administración, manifestaron 15 quejas del maltrato que se les daba en el lugar.
Dijo que ante las deficiencias, se tomó la determinación de crear otro albergue en una nueva ubicación.
En cuanto a cuestiones administrativas, dio a conocer que las computadoras del Departamento Jurídico, de la Coordinación Técnica y del Departamento Administrativo se encontraron sin información alguna, y sin ningún tipo de archivo sobre las obras que se hubieran realizado.
Guerrero indicó que es indignante el uso discrecional y personal de las cuentas bancarias de la dependencia, por lo cual, se exigirá una auditoría del ejercicio de los recursos, los cuales se ejercían en claro contraste al trato que se daba a los usuarios del albergue.
Precisó que en 2011, existían 76 plazas que implicaban un total de 939 mil pesos, cifras que para 2016 aumentaron a 103 plazas con un monto de un millón 272 mil 645 pesos, en un notable aumento de los puestos transitorios, de personal que frecuentemente no hace nada y que solo se utiliza para encargos de tipo político.
La comisionada afirmó que el Presupuesto 2016 de la Coordinadora para la Tarahumara fue de 59 millones de pesos, más el fondo social de la empresa TransCanada y del Fondo Minero. “Pensamos que hubo manejo discrecional, porque era manejada por una sola persona, situación que no debe ocurrir, ni tampoco cheques en blanco que se disponen de manera personal”, expresó.
Añadió que se aportarán pruebas para que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado se encarguen de esta lamentable situación.