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El recurso jurídico fue presentado este martes por el Presidente Municipal de Parral, ante el Congreso del Estado, en contra de la reforma electoral en la Constitución Política del Estado de Chihuahua, aprobadas por el Legislativo el pasado 29 de agosto.
El secretario del Ayuntamiento, licenciado, Francisco Sánchez, refiere que dicho documento consigna en un primer término que los actos de la autoridad responsable, transgreden los principios de deliberación parlamentaria, legalidad y pluralidad políticas, así como los derechos fundamentales de seguridad jurídica y debido proceso legislativo, dado a que en el procedimiento legislativo que le dio origen a la reforma electoral, se observaron irregularidades.
Sánchez Villegas, precisa que no se respetaron los términos establecidos en el artículo 202 de la Constitución del Estado para que los Ayuntamientos emitan las resoluciones respecto de las reformas a la propia Constitución Local, que de los 40 días otorgados constitucionalmente se restringió a emitirlas de 2 a 3 días, dada la premura para su aprobación.
Por igual señala que el medio de impugnación establece que las reformas en materia electoral, vulneran los derechos humanos a la participación político-electoral en condiciones de igualdad y no discriminación, al acceso y permanencia en condiciones de igualdad a cargos públicos.
El Secretario destacó que se establece una licencia forzada para la obtención del apoyo ciudadano, en el caso de miembros del Ayuntamiento emanados de postulación independiente que pretendan reelegirse, así como para la realización de la campaña electoral, contrariando con ello los principios que rigen los procesos de reelección en los sistemas democráticos.
Refirió que la legislación en materia electoral vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos tutelado en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al reducir los plazos para la obtención del apoyo ciudadano, ya que paso de 30 días a menos de 24 días.
“La reforma electoral propone un procedimiento disfuncional, ya que desestabiliza la administración pública municipal y principalmente, es a todas luces, un trato desigual que somete a restricciones indebidas y discriminatorias, violentando lo establecido en los artículos 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual el Estado Mexicano forma parte, ya que propone la separación y reinstalación en el cargo por dos ocasiones durante el proceso electoral, y por otro lado, a los candidatos que hayan sido postulados de un partido político solamente los obliga a separarse un día antes de la campaña electoral, haciendo una evidente distinción en el trato para los candidatos partidistas respecto de los candidatos independientes”, ponderó, Sánchez Villegas al señalar que por tal razón el alcalde, Alfredo Lozoya Santillán, ha sometido a la competencia del Tribunal Estatal Electoral los agravios en mención, para que sean ellos, mediante el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, quienes emitan una resolución apegada a derecho, y que garantice con ello los derechos humanos que se considere se estén violentando.
